El Partido Acción Ciudadana (PAC), denunció que el Banco de Costa Rica (BCR) les ha impuesto una "mordaza" con la negativa de devolver bonos de la deuda política adelantadas por un monto de 300 millones de colones, al pedir garantías adicionales.
El Jefe de Campaña del PAC, Francisco Molina, dijo que la entidad bancaria les exige garantías adicionales, como el respaldo hipotecario de una propiedad, para devolver los bonos retenidos y que ese partido financie su publicidad electoral, principalmente en la televisión.
El PAC anunció el jueves que suspendió la publicidad en la televisión, excepto en Canal 42, por falta de dinero, que proviene de la deuda política, debido a que el BCR acepta los bonos según lo determinen las encuestas.
Actualmente, según las mediciones de las casas encuestadoras, patrocinadas por medios de comunicación comerciales el candidato presidencial del PAC, Ottón Solís Fallas, se encuentra con alrededor de 10 puntos en las consultas.
Las autoridades del BCR dijeron al legislador Molina que para devolver parte de los bonos “Clase A”, el PAC debe conseguir a alguien que ponga a responder por esos títulos una propiedad valorada en por los menos 139 millones de colones.
El dirigente del PAC sostiene que el BC pretende “amordazarlos” cuando faltan pocos días para que concluya la campaña.
“Nos tienen secuestrados, esto es un atentado a la democracia. Nos están amordazando en el momento clave de la campaña electoral, esto es muy grave pero estamos acostumbrados a pelear contra capitales millonarios y contra las encuestas”, aseveró Molina.
Dijo que siempre los resultados han terminado dando la razón al PAC, “pues nuestra fortaleza está en la gente, vamos a intensificar nuestra campaña en la calle”.
Entre tanto, Mario Rivera, Gerente del BCR justificó en un boletín de pensa que “se dispuso abrir líneas de financiamiento a los partidos políticos para las elecciones de 2010, con sustento en los mismos lineamientos y parámetros crediticios aplicados en las últimas tres campañas, los cuales se rigen por principios de igualdad de trato para todas las agrupaciones políticas”.
La decisión del BCR se basa en un modelo estadístico y de riesgo crediticio que permite evaluar técnicamente esta clase de operaciones especiales.
Indicó que ese método garantiza, bajo un riesgo calculado, que los fondos financiados con esta modalidad “se recuperen adecuadamente en apego a la sana administración de los fondos públicos que pertenecen a todos los clientes de esta Institución Bancaria”.
“El BCR no gira el dinero ni devuelve los bonos”, acusó el diputado, quien aseguró que esos documentos podrían ser colocados en otras entidades bancarias o con particulares.
Dirigentes del PAC informaron que hasta la fecha se han invertido 514 millones de colones en publicidad, una cifra “modesta” comparada con el promedio de dos millones de dólares semanales que gastan los progubernamentales partidos Liberación Nacional y Movimiento Libertario, que gozan de los primeros lugares en las encuestas pagadas por los medios.
Para el PAC, las encuestas no son válidas, ya que hace cuatro años afirmaban que la diferencia entre Solís y el actual presidente Oscar Arias era de diez puntos porcentuales, que a la postre se decidió por un punto.
Por otra parte, los diputados del PAC, Sergio Alfaro y Olivier Pérez, presentaron al Ministerio Público investigar el financiamiento del Movimiento Libertario, ya que “existen suficientes indicios para considerar que se trata de una operación sospechosa”.
El PAC cuestiona el financiamiento hipotecario por $433.000 por parte de la sociedad anónima La Seguridad de los Océanos S.A. presidida por la educadora Carla Gómez López a la firma Aluviones S.A., del candidato libertario, para la campaña política de Otto Guevara Guth.
Alfaro y Pérez informaron que también solicitaron investigaciones al Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) que investiga capitales emergentes o lavado de dinero, y ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
A la Sugef solicitaron investigar la legalidad de la operación financiera que hizo Guevara al prestar el dinero de su sociedad al ML, mediante un contrato de intermediación.
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