Invitación para integrarse a la Coalición Patria Unida

El Movimiento Patriótico finalmente despierta y llama a la participación ciudadana.

Día:   Sábado 28 de febrero, 2009.

Lugar:  FUNDATEC, Rotonda de las Garantías Sociales, Zapote.

Hora: De 10 a.m. a 1 p.m.

Todas las personas consultadas que se oponen al neoliberalismo que fomenta la explotación de la humanidad y la naturaleza, han expresado el deseo y la necesidad de formar una coalición con miras a las elecciones del 2010 y más allá; pues es muy importante asumir la responsabilidad del futuro del país, para lo que es imprescindible tomar el poder, con base en un proyecto de país que nos incluya a todas y a todos. Eso sólo podemos hacerlo unidos, deponiendo intereses personales y partidistas.

Debemos cambiar las dirigencias políticas, abrir también la participación electoral de la ciudadanía que no tiene partido, gente como usted, para establecer una nueva forma que garantice la democracia directa y participativa.

Cumpliendo los acuerdos de la Asamblea realizada en la Sede de la Conferencia Episcopal el 1ero de noviembre de  2008, en la que fue aprobada una propuesta del Dr. Eugenio Trejos  de integrar una coalición política desde las bases populares, donde se escojan en una convención abierta los candidatos de todas las papeletas para las elecciones del 2010, convocamos a toda la ciudadanía honesta e inteligente para que se sume a este esfuerzo.

¡Asista y unamos todos nuestros corazones al movimiento!

Información: patriaunida2010@gmail.com

http://www.patriaunida2010.blogspot.com/

Boletín de Prensa

El Porteo es una actividad económica privada legal
Posición Oficial del Partido Movimiento Libertario

I

El contrato privado de transporte –también conocido como porteo– es una actividad legal protegida por los artículos 25, 28, 46 y 56 de la Constitución Política. El Código de Comercio regula esta actividad en el artículo 323 y siguientes, definiendo que “por el contrato de transporte el porteador se obliga a transportar personas, cosas o noticias de un lugar a otro a cambio de un precio…” El servicio de taxi, por el contrario, es un servicio público regulado por la Ley N. 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi.

A diferencia del servicio de taxi que goza de autorización para recoger pasajeros en la vía pública, el porteo es un servicio de punto a punto. Mientras que el sistema tarifario del taxi está sujeto a la ARESEP, la tarifa, en el servicio del porteo, es acordada libremente por el prestador y el usuario. Para prestar el servicio de taxi es necesario participar en un procedimiento de concesión administrativa a cargo del MOPT que, como es de conocimiento público, ha favorecido el clientelismo político. Para prestar el servicio de porteo, como servicio privado, únicamente se requiere cumplir con las disposiciones generales establecidas para cualquier empresa en el Código de Comercio. Toda la jurisprudencia sobre el tema, reiteradamente, ha señalado tal diferenciación.

En los últimos años, el porteo se ha consolidado, como actividad privada, satisfaciendo una parte de la demanda nacional del transporte de personas que han encontrado, en ese servicio, condiciones de seguridad y personalización.  En ese desarrollo, las empresas de porteo han ido mejorando su nivel competitivo. Algunas de ellas han optado por diferenciarse por el color de sus unidades. Otras han encontrado nuevos nichos, por ejemplo,  en el transporte colectivo de trabajadores de una misma empresa o institución a su lugar de residencia (por ejemplo, San José-Cartago y viceversa). Algunas empresas operan en las áreas urbanas pero otras lo hacen en otros mercados, por ejemplo las zonas turísticas. Dada su característica de transportar personas de un destino a otro fijado de antemano, la empresa de porteo está obligada a tener un lugar para concentrar sus vehículos, conocidas como “bases”, que deben cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud, Régimen Municipal, entre otras,  aplicables a cualquier otra empresa privada. Se estima que existen más de 115 empresas de porteo legalmente constituidas, sin que exista un registro gubernamental de las mismas o datos oficiales sobre su composición o distribución territorial o sectorial.

Normalmente, una persona que posee un vehículo y desea dedicarse a éste servicio se inscribe en  una de las empresas ya constituidas, aunque no hay nada que impida que puede crear su propia empresa de porteo. Las condiciones de inscripción entre el conductor y la empresa son privadas y usualmente incluyen cláusulas relacionadas con el uso de la base, sistemas de comunicación internos, entre otras. No se conoce un número exacto de conductores dedicados al porteo de personas pero algunas cifras indican que el número asciende aproximadamente a 15 mil personas. Esto quiere decir que, al menos 45 mil personas, viven directamente de esta actividad. Además, el porteo ha tenido un efecto positivo en otras áreas económicas, impactando positivamente en el empleo y en la dinámica de pequeñas y medianas empresas mayoritariamente en manos de costarricenses, tales como talleres, importadores de repuestos y accesorios para vehículos, sistemas de comunicación,  servicios de limpieza, alimentación, entre otras.

II

El 27 de octubre del 2000, tras recibir denuncias de persecución por un grupo de los llamados “piratas” (taxis informales) por parte de autoridades de tránsito, el entonces Diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, recordó que en el Código de Comercio existía una disposición no utilizada hasta ese momento en Costa Rica, denominada “contrato de porteo”,  por lo que decidió solicitar, a la Procuraduría General de la República, determinar las condiciones bajo las cuales se podrían brindar el transporte privado de personas. El 20 de noviembre de ese mismo año, la Procuraduría General de la República resolvió que el porteo está regido “por el Derecho Comercial y se trataría de un servicio privado de transporte, el cual se presta gracias al legítimo ejercicio de las libertades de empresa y contractual que hacen un grupo de individuos”. 

Desde entonces, el Movimiento Libertario se ha comprometido permanentemente con la defensa del porteo frente a las arbitrariedades de las diferentes administraciones que han pasado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en particular a través de la Dirección General de Tránsito que, injustificadamente, han pretendido acabar con él, sin competencia alguna, a través de una hostigación y persecución permanentes.

Nuestras diferentes Fracciones Legislativas han dado muestras efectivas de nuestro compromiso oponiéndose a cualquier pretensión de reformar el artículo 323 del Código de Comercio, incluyendo la activa oposición, de la actual Fracción, al Proyecto de Ley N.16136 que, expresamente, pretender derogar dicha normativa. Por su parte, nuestros Regidores favorecen cualquier iniciativa que favorezca el establecimiento del porteo, dados los beneficios que representan para los habitantes de sus cantones. Su defensa, además, forma parte de la agenda diaria del Partido que, también, se ha pronunciado a favor para que el Ministerio de Economía e Industria establezca las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas que utilizan el servicio de porteo y diferenciarlo del servicio público de personas.

III

El pasado 4 de febrero, representantes de la Cámara Costarricense de Porteadores, Foro Nacional de Taxistas, Federación Nacional de Cooperativas de Taxis, Cámara Nacional de Transportes y del Foro Nacional de Transporte, convocados por el Poder Ejecutivo, llegaron a un acuerdo que calificaron de “interés público y de reconocimiento de la realidad nacional”. La primera cláusula del Acuerdo establece“prohibir a futuro el servicio de porteo de personas”, solicitándole a la Asamblea Legislativa la aprobación del Proyecto de Ley N.16136". Por su parte, la cláusula segunda del Acuerdo señala que se redactará un proyecto de ley “que asegure el respeto a los derechos adquiridos por los porteadores actuales de acuerdo con la legislación vigente (se entiende quienes están ejerciendo conforme a derecho el día de hoy dicha actividad)”.

Para identificar a los “porteadores actuales”, el Acuerdo establece que“la Cámara Costarricense de Porteadores, el Foro Nacional de Taxistas, Foro Nacional de Autobuses y el MOPT establecerán un mecanismo para identificar las empresas que están a derecho e inscritas en el Registro Público con la cantidad de unidades y zonas que actualmente prestan sus servicios”. Finalmente, el Acuerdo del 4 de febrero, establece que “se promoverá la integración de una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa, para que en plazo máximo de un mes dictamine” los proyectos de ley mencionados . 

El Movimiento Libertario ha sido un constante defensor de las libertades públicas de los ciudadanos, garantizadas constitucionalmente, incluidas las de comercio, empresa, contractual, escoger trabajo, de elección, libre asociación para fines lícitos y el derecho de los individuos a beneficiarse de la competencia. El Acuerdo del 4 de febrero corre el riesgo de atentar contra cada una de esas libertades, si eso implica eliminar una actividad privada legítima o crear barreras de entrada a la actividad del porteo. Además, en esas condiciones, inevitablemente, el Acuerdo conduce y conducirá a un contexto que favorecerá la corrupción mediante la creación de permisos y autorizaciones.

Por lo anterior, el Partido Movimiento Libertario:

1. Reitera su compromiso con la libertad de comercio y de empresa, la libertad contractual, el derecho al trabajo, la libertad de escoger de las personas, la libre asociación para fines lícitos y el derecho de los individuos a beneficiarse de la competencia.

2. Rechaza, por completo, cualquier medida administrativa o proyecto de ley tendiente a eliminar o restringir esos derechos en el transporte privado de personas.

3.  Apoya cualquier iniciativa legislativa o administrativa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, orientada a precisar las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los usuarios que utilizan el servicio privado de transporte, así como para diferenciarlo del servicio público de transporte, modalidad taxis.

11 de febrero, 2009

 

MOVIMIENTO DE JOHNNY ARAYA

COMUNICADO DE PRENSA

NUEVA LEY ES UN GRAN AVANCE PARA EL PAÍS

OPINIÓN DE PRECANDIDATO

San José, 13 de febrero. Para el precandidato del Partido Liberación Nacional, Ing. Johnny Araya, la Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, aprobada ayer en la Asamblea Legislativa, representa un importante avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas en la legislación procesal costarricense.

“Durante los últimos años, los grandes vacíos de la normativa costarricense, generaban la revictimización de las personas atacadas por los criminales y sin lugar a dudas fomentaban los altos índices de impunidad que existen en nuestro país, pues sólo el diez por ciento de las denunciantes de delitos recibe respuesta del Poder Judicial”, comentó Araya.

Agregó que “afortunadamente la Asamblea Legislativa, escuchó las propuestas formuladas por diferentes sectores sociales y expertos en derecho penal y procesal penal, que permitieron aprobar una nueva ley, que supera grandemente el proyecto inicial”.

De acuerdo con Araya el nuevo artículo 7 del Código Procesal Penal, agrega a la solución del conflicto, el restablecimiento de los derechos de la víctima y eso marcará un nuevo rumbo a la justicia criminal costarricense, equilibrando a las partes del proceso penal.

“Todavía quedan reformas pendientes, hasta garantizar plenamente los derechos de las víctimas en la Constitución Política y otorgarles mayores garantías dentro del proceso penal. Costa Rica reclama una nueva legislación Penal y Procesal Penal, que rescate eficazmente los derechos de las víctimas y de la sociedad, preservando las garantías para los infractores”, enfatizó Johnny Araya.

“La posibilidad del interrogatorio policial a los sospechosos en las primeras seis horas de la detención, reconoce el nivel técnico y ético del OIJ y la necesidad de otorgarle instrumentos lícitos para la investigación de los delitos”, reconoció Araya.

De acuerdo con su opinión, “las reformas al Código Penal, ajustan a la realidad actual las penas de algunos delitos, como receptación y favorecimiento y no se deja a los “topadores” con una ridícula sanción de cancelación de patente municipal, como se propuso en el proyecto original”.

Finalmente señaló que estos ajustes parciales y urgentes a las leyes penal y procesal, representan un avance significativo, pero “es necesario continuar con la revisión y puesta al día del ordenamiento jurídico, en cuanto a derechos de víctimas, pasando por el Código Penal y el Procesal Penal, hasta las leyes policiales y de ejecución de sentencia.

“Dimos un paso importante, pero no podemos detenernos frente a los ataques de la delincuencia y la elevada impunidad que nos agobia”, acotó el Ing. Johnny Araya.

Encuestas dan mayoría a JAM 

Johnny Araya alcanza el

primer lugar en las encuestas 

• Johnny Araya agradece al pueblo y a la dirigencia por estos resultados y  los insta a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones internas del PLN el 7 de junio.
• Johnny Araya hace un llamado para trabajar con más mística
• Sectores de más bajos recursos reconocen el trabajo y dedicación del precandidato.

 

San José, 10  de febrero: Johnny Araya Monge, precandidato del Partido Liberación Nacional, aventaja en intención de voto, por un margen de 11 puntos, a Laura Chinchilla, según una encuesta de la firma UNIMER, publicada hoy, martes 10 de febrero, por el periódico La Nación. 

El sondeo, realizado en enero, entre 1.225 entrevistados, indica que, si la convención verdiblanca se realizara hoy, el ex Alcalde de San José obtendría un 50 por ciento de los votos, frente a un 39 por ciento de la aspirante Chinchilla, un 2 por ciento de Fernando Berrocal y una cifra aún menor para el empresario Carlos Francisco Echeverría. 

Los datos se refieren a los encuestados que admitieron que participarían de la convención del PLN, la cual está previsto que se realice el próximo domingo 7 de junio.   

El movimiento de Johnny Araya  reconoce el resultado de esta encuesta como un importante estímulo, pero a la vez mantiene el tono mesurado respetuoso y austero que le ha caracterizado, partiendo de la convicción que la encuesta definitiva será el 7 de junio, en la cual confían en salir airosos

.

En esta coyuntura positiva, para los partidarios de Johnny Araya, no es momento de un precoz triunfalismo, sino de trabajar, aún con más mística y ahínco, porque la población conozca la propuesta política del precandidato y, de este modo, se gane el apoyo de quienes todavía se manifiestan indecisos. 
 

El apoyo de Araya, según la encuesta de UNIMER, está, principalmente, entre los sectores de más bajos recursos, a quienes la trayectoria del precandidato, que se demuestra con obras y no con palabras, ilusiona en un momento de crisis económica global. 

Evidentemente, otro dato positivo es que, si las elecciones generales fueran hoy, Johnny Araya ganaría frente a los eventuales candidatos del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís; del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rafael Ángel Calderón Fournier; y del Movimiento Libertario (ML), Otto Guevara.  De hecho, la encuesta dice que, en estos momentos, el Partido Liberación Nacional acapara el apoyo más alto desde las elecciones del 2006, con un 31 por ciento. 

Por otra parte el sondeo indica que Johnny Araya tiene el apoyo de personas que, en el pasado, han votado tradicionalmente por el PUSC, lo que confirma que su propuesta política ha calado en amplios sectores de la población, al margen de la filiación política. 
 
 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
Fracción del Partido Acción Ciudadana

Comunicado de Prensa 
Lunes 9 de febrero de 2009

Ministra Zomer debe renunciar 
Presidente Arias debe aprender del ejemplo de Ennio Rodríguez

Para la Fracción del Partido Acción Ciudadana es sorprendente que el Presidente Oscar Arias permita a una funcionaria de su gobierno despilfarrar el dinero de los costarricenses destinados para  construir vivienda de bienestar social.

“Es sorprendente que el Presidente de la República dé una señal tan negativa al país al argumentar que por el buen trabajo de la ministra Zomer le permite el mal uso de los recursos públicos.”  enfatizó Francisco Molina, Jefe de Fracción del PAC.

Según se informó la semana pasada  en el Consejo de Gobierno, la ministra Zomer puso su cargo a disposición del mandatario Arias Sánchez.

“Es totalmente inconveniente para el país que la rectora del sector vivienda, un área sensible del gobierno malgaste los recursos. De no haber sido por las declaraciones de Ennio Rodríguez, nunca se habría sabido el grado de responsabilidad que tuvo la ministra en este mal uso del dinero público. El presidente debe ser consecuente y proceder a destituirla" aseveró Molina Gamboa.

OFICINA DE COMUNICACIÓN CIUDADANA. comunicaciones-pac@asamblea.go.crTeléfono: 88 46 20 42 / 88 23 45 01 www.pac.cr

Comunicaciones-PAC 
Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) 
Asamblea Legislativa 
Costa Rica 
Telfax: (506) 2243 2012 
Correo Electrónico: comunicaciones-pac@asamblea.go.cr

Inflación: el problema es estructural y se llama un

 Banco Central

Entrevista a Otto Guevara sobre tasas de Interés, régimen cambiario e Inflación

En materia de tasas de interés, ¿cuál considera debe ser la política? ¿A la baja o en niveles altos? 
En material de tasas de interés, la política debe estar dirigida a eliminar las distorsiones existentes que han hecho de las tasas uno de los precios que menos refleje la realidad del mercado financiero. Hemos sido testigos de una política monetaria que ha introducido elementos que impiden que el mercado determine razonablemente bien el nivel que deben tener. Creemos que la solicitud del Gobierno para que los bancos comerciales disminuyan las tasas sobre créditos debe sustentarse no en una plegaria a los bancos sino en una disminución del encaje mínimo legal, actualmente en el 15 por ciento. Con esta decisión se eliminaría el altísimo costo que representa esta reserva legal en las tasas de interés.

¿En lo que se refiere al esquema cambiario, ¿apoya el sistema de bandas prefiere otro régimen? ¿Cuál? ¿Por qué?
Es indispensable que la sociedad costarricense analice y decida si seguir con una moneda de curso legal que provoca tantos costos y tan elevadas pérdidas de la capacidad adquisitiva de los costarricenses. Por más de tres décadas ha sido evidente la incapacidad del Banco Central de Costa Rica para disminuir permanentemente la inflación y como causa de esta incapacidad está el hecho de que las autoridades persisten en forzar el curso del colón como moneda de poder liberatorio. El Estado debe promover una reforma monetaria dirigida a que los ciudadanos transen y establezcan contratos en las monedas que les plazca, incluido el colón si es que el Gobierno insiste en intervenir en el mercado monetario.

¿Cuál considera debe ser el tema prioritario para evitar una degradación en los indicadores sociales y económicos: ¿reactivación productiva o control inflacionario? 
Ambas son importantes. Por el contexto actual la política fiscal es muy importante para la reactivación y no solamente por el hecho de consolidar la seguridad social vía transferencias y subsidios a la clase más pobre del país, sino también reduciendo y simplificando permanentemente la estructura tributaria de Costa Rica. La mejor ayuda que pueden recibir los costarricenses es tener seguros sus puestos de trabajo y para ello las empresas deben invertir y crecer. Ayudemos a las empresas haciéndoles más fáciles las cosas: menos trámites, simplificación tributaria, amortización de pérdidas en periodos más largos, disminución de aranceles, entre otros.

En cuanto a la inflación, el problema es estructural y se llama un Banco Central que opera con pérdidas. Permitamos que los costarricenses transen con otras monedas y así se dará el primer paso para controlar la inflación. Luego, hay que pensar y actuar sobre las pérdidas patrimoniales del Banco Central. Una salida es la dolarización.io.

¿Cuál considera debe ser el tema prioritario para evitar una degradación en los indicadores sociales y económicos: ¿reactivación productiva o control inflacionario? 
Ambas son importantes. Por el contexto actual la política fiscal es muy importante para la reactivación y no solamente por el hecho de consolidar la seguridad social vía transferencias y subsidios a la clase más pobre del país, sino también reduciendo y simplificando permanentemente la estructura tributaria de Costa Rica. La mejor ayuda que pueden recibir los costarricenses es tener seguros sus puestos de trabajo y para ello las empresas deben invertir y crecer. Ayudemos a las empresas haciéndoles más fáciles las cosas: menos trámites, simplificación tributaria, amortización de pérdidas en periodos más largos, disminución de aranceles, entre otros.

En cuanto a la inflación, el problema es estructural y se llama un Banco Central que opera con pérdidas. Permitamos que los costarricenses transen con otras monedas y así se dará el primer paso para controlar la inflación. Luego, hay que pensar y actuar sobre las pérdidas patrimoniales del Banco Central. Una salida es la dolarización.

Triunfo del ML: aprobado proyecto 

de Seguridad Ciudadana

TamaÒo de la fuente: 

En la lucha por poner freno a la creciente inseguridad que se presenta en el país, el Plenario le dio trámite de primer debate, al proyecto 16.973, por medio del cual se introducen una serie de cambios en la legislación nacional para hacer frente a la delincuencia organizada.

El proyecto se denomina Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal, presentado por el diputado Luis Barrantes, Jefe de Fracción

Para hacer frente al problema de la inseguridad que se vive en el país y a las nuevas modalidades de criminalidad, cada vez más sofisticada y organizada se hace necesaria la modernización del marco legal desde una perspectiva integral, para procurar una dinámica clara y contundente que revierta las manifestaciones que afectan a la ciudadanía.

 El proyecto de protección a víctimas y testigos, que también contiene reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal busca actualizar diversos instrumentos normativos e institucionales que permitan una más eficaz lucha contra la criminalidad, respetando los principios de un Estado de derecho. 

 Procura generar un balance a favor de las víctimas del delito mediante la promulgación de un conjunto de derechos y garantías y creando las condiciones favorables para que tanto víctimas como testigos colaboren con las autoridades policiales y judiciales en el esclarecimiento de los hechos delictivos.  

Atiende algunos factores de riesgo asociados a la seguridad ciudadana como lo son las armas de fuego, instrumento cada vez más utilizado por los criminales para cometer sus fechorías, y causantes de más del 50% de las muertes violentas en el país, así como temas relativos a la política migratoria del país que han venido generando circunstancias propicias al ingreso y permanencia de extranjeros con intenciones o expedientes criminales.  

 Se incorporan también alternativas de ley dirigidas a brindar un mayor protagonismo de las municipalidades en la prevención de la violencia, mediante la creación, regulación y financiación de las policías municipales.  Asimismo, se normalizan algunos aspectos que han garantizado mayores niveles de seguridad en los barrios del país como lo son los dispositivos de regulación de paso o “agujas”.

 Finalmente, el proyecto atiende aspectos puntuales, pero igualmente urgentes para mejorar el clima de seguridad del país, como lo son las regulaciones que minimicen la figura del sicariato en el país,  la receptación de bienes robados y la administración de los bienes decomisados al crimen organizado.

La propuesta se divide en varios títulos, cada uno de los cuales aborda las reformas con respecto de una temática determinada, pero todos ellos vinculados entre sí a la problemática de la seguridad ciudadana.